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Published on November 16th, 2016 | by RevistaLaCorriente

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LOS PRIMEROS SECUESTROS EN SAN LUIS POTOSÍ [1868-1869]

En los años de la llamada restauración republicana prolife­raron los ladrones y salteadores de caminos en gran parte del país, militan­tes de uno y otro bando que al final de la guerra no encontraron otra actividad más que la delincuencia, sacarían prove­cho de la ausencia de la autoridad, pero no había antecedentes de secuestros.

Javier Padrón

El primero del que se tiene noticia en México, según el historiador Muro, lo perpetró el “reaccionario” español José María Cobos, y fue imitado “por guerrilleros cometiéndolo con el pre­texto de hacerse de recursos para sus fuerzas que mandaban, y por último lo adoptaron también los ladrones y sal­teadores vulgares”.

El Congreso de la Unión había re­formado la ley desde 1861 para castigar con rigor el robo con asalto y el plagio, y suspender las garantías individuales. De acuerdo a la ley, para los secuestradores que no fueran detenidos in fraganti se amplió el término de la averiguación su­maria a tres días.

En San Luis Potosí no se registra­ron secuestros sino hasta 1868, asegura Muro, lo que no descarta que hayan ocu­rrido otros de los que no se tuviera co­nocimiento público tanto en esta misma capital como en el interior del estado. El contexto político en que surgió el delito de secuestro en la ciudad era com­plicado, un año antes fue designado Juan Bustamante como gobernador, el prime­ro tras la restauración republicana, era un liberal jacobino, confiscó propiedades del clero, introdujo el protestantismo y pidió licencia al ser acusado “de realizar gastos fuera del presupuesto y de inva­dir las funciones del poder legislativo”, y el cargo fue ocupado por Carlos Tovar.

Bustamante planeaba una rebelión que comenzaría en Charcas y fue detenido a fines de 1869. Fue liberado y se fue a su hacienda El Salado. Sus aliados tomaron las armas en diversas partes de la Huas­teca, pero fueron derrotados. Desde Saltillo, Bustamante mandó su renuncia a la gubernatura, mientras To­var comenzó a tener problemas con el Congreso del Estado, renunció por se­gunda vez al convocarse a elecciones y Juan Barragán tomó posesión del cargo. Compitieron Francisco Antonio Aguirre, Francisco Bustamante, Carlos Tovar, Mi­guel María Esparza y Sóstenes Escandón. Barragán dejó el poder antes del cómpu­to electoral y Escandón fue designado gobernador interino. Hubo otras rebe­liones militares, el coronel Jorge García Granados encarceló a los diputados y a Barragán, Aguirre asumió el poder esta­tal y el jefe de la guarnición federal, Pe­dro Martínez desconoció al presidente Juárez, quien envió al general Mariano Escobedo a poner orden.

***

El primero de tres secuestros que reporta Muro, es el que sufrió el médico José Ma­ría Sousa, cometido el 21 de julio de 1868. Con el ardid de ir atender a un enfermo, Sousa fue llevado a una casa donde fue secuestrado y se le exigió dinero y alhajas por su liberación. El segundo caso fue el de Ignacio Machuca en febrero de 1869, se originó en Villa de Pinos, Zacatecas y se continuó en esta ciudad, en una huerta del barrio de Santiago. Un hijo de la vícti­ma vino a pagar tres mil pesos de rescate.

El tercero fue el de José María Teno­rio, era un hombre viejo y poseía una fortuna. Con poco tiempo de residir en la ciudad se hizo fama de severo en los negocios y pronto despertó la ambición de otros. A principios de septiembre de 1869, fue a cobrar la renta de una casa en la calle de la Sacristía (Morelos). No en­contró a los inquilinos sino a un “hom­bre del pueblo” parado cerca de la puer­ta, que comenzó a envolverlo con menti­ras al hacerse pasar por un zapatero que había ido a cobrarle a la criada de la casa un par de zapatos, y que ella le dijo que la familia se había mudado a la calle del Cobre (Comonfort), donde le pediría di­nero a su patrón para pagarle. El supues­to zapatero le propuso a Tenorio ir juntos para cobrar cada uno lo suyo y aceptó sin sospechar nada.

Al llegar a una solitaria casa de la ca­lle del Cobre, que entonces colindaba con los corrales de la Casa de Moneda, varios sujetos sorprendieron a Tenorio y fue subido a un carruaje que se dirigió hasta la huerta del doctor Joaquín López Hermosa por el rumbo del Montecillo.

Lo metieron a un pozo y lo vigilaron una mujer y dos hombres. Para despistar a la policía y facilitar las negociaciones con la esposa de Tenorio, al día siguiente los propios secuestradores esparcieron el rumor que se lo habían llevado a la Sie­rra de Barbosa. La esposa, por la noche, recibió una carta con la exigencia de que pagara un rescate de 25 mil pesos, le die­ron de plazo hasta el día 16, de no hacer­lo lo matarían.

La señora comenzó a negociar con los plagiarios, la fecha de pago se cambió al día 20 y les prometió discreción, no daría parte a la autoridad. El gobernador Tovar aún no sabía nada del secuestro. Para en­tonces, las “verduleras” del mercado habían propagado a los cuatro vientos que se trataba de un secuestro y hasta revelaron los nombres de los autores que se paseaban muy fres­cos por la Plaza de Armas, sin imaginar que su plan se dirigía al fracaso por la fuga de información y delaciones.

Si la clase popular ya estaba enterada, guardar el secreto entre la autoridad fue imposible y así le cayó el veinte al gober­nador porque se tuvo que completar el di­nero del rescate entre las familias pudien­tes a manera de préstamo, habían sido convocadas por el comerciante español Baltasar Mayor de Parra por instrucciones del plagiado mediante una carta.

Fue del dominio público el ir y venir de comisionistas que cambiaron mo­nedas de plata por monedas de oro como lo pidieron los secuestradores. Ya toda la ciudad estaba enterada. El gobernador se entrevistó con la señora Tenorio. Renuente, afligida, no le dio detalles, su marido sería asesinado si al menos uno de los secuestradores fuera detenido.

Una delación aceleró el desenredo del secuestro: un sastre, cuyo nombre no se menciona, se presentó en la casa del jefe político para informarle que un colega de oficio era uno de los secuestradores, le proporcionó los nombres y el lugar don­de tenían a la víctima. De inmediato, el jefe político se trasladó al lugar y rescató a Tenorio, detuvo a la mujer pero ya ha­bían huido los otros dos sujetos, después se sabría que eran los españoles Larrañe­ta y Antonio Pérez.

Los detenidos fueron Pedro Llanas, Juan Diez y Bibiano Espinosa, bajo pro­ceso de la ley de salteadores y plagia­rios, en 72 horas fueron condenados al paredón, la defensa solicitó el indulto al Congreso del Estado y les fue concedido avanzada la noche del día 22 cuando ya estaba formado el pelotón de fusilamien­to, y la muchedumbre expectante, respi­raba el olor a muerte. El indulto generó descontento social.

A la ciudad llegó la noticia que los fu­gados Larrañeta y Pérez habían sido fusi­lados por orden del coronel Blas Maya­goitia, de las tropas del pronunciado Juan Bustamante, y los cadáveres fueron envia­dos en un carretón al gobernador Tovar, junto con 200 onzas de oro que traían los españoles como parte del rescate, “para probar que hacían más los pronunciados que el gobierno establecido”.

Dos horas después que ordenó publi­car el decreto de indulto, el gobernador presentó su renuncia por tres causas: por el juramento de guardar la Constitución no podía oponerse al decreto, la difícil si­tuación en que se encontraba su gobier­no por el descontento de la población que exigía un “castigo ejemplar de los criminales” y su precario estado de salud que se vería agravado “con el recargo del trabajo en el despacho, ocasionado por la falta de apoyo en la opinión”.

El Congreso del Estado rechazó su renuncia, la comisión de Gobernación reconoció sin ambages que la opinión pública es adversa a los dos poderes es­tatales, pero el deber del gobernador “es arrostrar las circunstancias sobrevenidas por el uso del derecho más noble y sagra­do que posee”, el dictamen fue firmado por los diputados Miguel Esparza y A. Quesada. Tovar se mantuvo en el cargo y los reos indultados fueron trasladados a la prisión del Castillo de San Juan de Ulúa. Con el apoyo del gobierno federal, la situación política se restableció. El go­bernador constitucional en rebeldía Juan Bustamante disolvió sus fuerzas y desde Saltillo dimitió al cargo, las acusaciones en su contra se olvidaron.

Muro recuerda solo un hecho similar de indignación de todas las clases socia­les ocurrido en 1838 por el homicidio de los sastres franceses Enrique Androis y Juan Wasquemen, los asesinos, también franceses y amigos entre sí, fueron ejecu­tados; uno de ellos negó toda responsa­bilidad y solicitó indulto de manera in­útil y el otro, arrepentido, desde el prin­cipio aceptó su culpa.

[Este texto fue publicado en la edición 32 de La Corriente, nov-dic de 2014]

Fuentes:

Historia breve de San Luis Potosí, María Isabel Monroy Castillo y Tomás Calvillo Unna, 2ª ed., FCE, COLMEX, FHA, México, 2011.

Historia de San Luis Potosí, Manuel Muro, t.III, reproducción facsimilar, 1973.

“Juan Bustamante. Su participación militar y política (1843-1866), Inocencio Noyola, revista La Corriente, núm.20, mayo-junio de 2011.


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