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Published on May 1st, 2017 | by RevistaLaCorriente

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El proceso al nieto de Iturbide en 1890

Jesús Motilla Martínez

Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, efímero primer emperador de México, fue todavía noticia en tiempos del porfiriato, cuando uno de sus nietos, igualmente de nombre Agustín, fue procesado (para algunos juristas de la época y prensa independiente, violándose la Constitución), por el delito de murmuración; crítica pública, diríamos actualmente, contra el gobierno.

Agustín de Iturbide Green tenía 27 años cuando fue procesado, hallado culpable y contra el descontento de algunos, sentenciado. La revisión de su vida, la que acabó en 1925 en Washington en un convento donde pasó sus últimos tiempos, fue en verdad singular. Considerado un personaje histórico secundario, su rescate del olvido nos presenta sorpresas de las que pueden derivarse reflexiones para comprender otros puntos de vista del tan controvertido siglo XIX, que terminaría con una dictadura forjada en la indefinición de un esquema de gobierno, y la lucha fratricida entre conservadores y liberales. Nuestro personaje y alrededor de él y su familia, fueron periódicamente noticia, ya que en 1863 Maximilano firmó un convenio secreto por medio del cual, entre otros puntos, pero en el ánimo de asegurar descendientes a su trono, se acordó que se convertiría en tutor y curador de los nietos de Iturbide, el entonces niño Agustín de Iturbide Green y Salvador Iturbide Marzán, joven de 14 años; al cuidado de una tía, en el Castillo de Chapultepec y cuyos padres quedaron en Norteamérica; el segundo, huérfano, en París, por instrucciones del emperador, bajo la responsiva del ministro Hidalgo. En ese pacto se concedieron a algunos miembros de la familia pensiones, las que contra el Tesoro Francés fueron pagadas por Almonte, hijo del gran Morelos, que entonces desempeñaba un cargo diplomático.

I. Introducción

“La verdad jamás ha sido sospechosa, sino a los que sostienen el imperio de la mentira”; esta frase, que no sólo invita a la reflexión sino que es acusatoria a todos aquéllos que —por circunstancia o complicidad— se ven obligados a defender intereses creados, fue pronunciada por un joven abogado de nombre Agustín Verdugo, defensor del nieto de Iturbide en una célebre causa que, en modalidad de juicio ante un consejo de guerra, se celebró sumariamente en la ciudad de México en junio de 1890, época en la que el porfiriato si bien se encontraba en su apogeo, fue también criticado públicamente por la denominada prensa independiente.

Este singular juicio militar fue relevante y de gran interés público, no sólo en el país, sino también en el extranjero, toda vez que se dio en circunstancias explosivas por sus componentes: la crítica y defensa del régimen político-económico del general Porfirio Díaz y sus ministros; por otra parte, la personalidad del acusado, uno de los nietos del controvertido y malogrado emperador primero de México, joven asociado en su personal historia, con otros emperadores, Maximiliano y Carlota; la familia Iturbide como símbolo de tiempos idos, fue otra razón para cautivar la atención del público, pues se le asociaba con el agónico movimiento conservador, aunque gozaba de las simpatías de algunos liberales. Pero, sin duda, otro punto de atracción fue el debate obligado a nivel popular, dado el natural morbo que propician actores que representan prototipos. Añadiríamos, además, en esa singular mezcla de componentes, la que interesa a la historiografía del derecho mexicano, la controversia, dado el caso concreto, entre el fuero militar y las garantías individuales, preconizadas y defendidas, en esa época, por la Constitución de 1857 y sus reformas.

II. Los personajes

Para efectos de ubicación al lector, señalaremos datos de algunos de los involucrados con el proceso militar que nos ocupa, no olvidando otros relacionados con nuestro protagonista, el joven alférez Agustín Iturbide Green.

Ángel Iturbide Huarte: Nació en Querétaro en octubre 2 de 1816 y murió en Rosedale, Georgetown, D.C. E.U.A., el 9 de junio de 1855. Padre de Ángel Iturbide Green y esposo de Alicia Green.

Salvador Iturbide Huarte: Casó con doña Rosario Marzán, veracruzana, en 1848, tuvieron un hijo de nombre Salvador, que sería el otro nieto del emperador, que quedó bajo la tutela y custodia de Maximiliano. Murió ahogado en el Río Tepic, el 7 de junio de 1856.

Agustín Iturbide Green: nació el 2 de abril de 1863, recibiendo título de Príncipe de Iturbide y nombramiento de Alteza, el 13 de septiembre de 1865, año en el que quedó bajo la tutoría y curatela de Maximiliano, hasta abril de 1867. Es educado con esmero en San Michele y en Ascot School, asistiendo a la Universidad de Georgetown, obteniendo grado de bachiller en filosofía y en donde tiempo después daría clases de francés y español. Casó dos veces, sin tener descendencia. Murió el 2 de marzo de 1925, y fue sepultado en Philadelphia, cerca de la tumba de su abuela, Ana María Huarte de Iturbide.

Agustín Verdugo: De él se manifiesta que era un joven abogado cuando en 1890 se convirtió en defensor de Agustín de Iturbide Green. Los periódicos de la época, como El Tiempo de la ciudad de México, o El Estandarte, de la capital potosina, manifestaban de él lo siguiente: “…como orador forense goza de justificado renombre, su voz tiene un timbre simpático, su actitud en la tribuna es correcta; sus ademanes son tan naturales como expresivos; su estilo, lleno de imágenes y figuras, resulta abrillantado las más de las veces; cincela, por decirlo así sus peroraciones, y el único defecto que podría reprochársele sería el de ser un talento difuso; efectivamente sus períodos (sic) serían más comprensibles, mas rotundos y más perfectos, si no intercálese (sic) varias oraciones incidentales, verdaderos y grandes paréntesis que suspenden la significación de la frase principal”. (10 junio de 1890).

Los miembros del jurado. El consejo de guerra se formó con la participación del mayor Manuel D. Gómez, los capitanes Manuel Gordillo Escudero, Luis B. Becerril y Juan Pérez; los tenientes Fernando Palacios y Aurelio Campillo y el alférez Remigio Medina. Fueron nombrados suplentes, el mayor Fortunato Méndez, los capitanes José R. Moreno y Alberto Salgado, el teniente Laureano Morales y el alférez Francisco Olivares. Como juez instructor de la causa, se nombró al coronel Sebastián Hernández Carrasco y como procurador, al teniente coronel Rafael G. Acosta. Actuó como asesor, el coronel Lic. Rafael Zayas Enríquez (originalmente el asesor fue el coronel Lic. José María Batiz). Actuó como secretario, el teniente Antonio Carrillo.

III. El proceso

Agustín Iturbide Green ostentaba el grado militar de alférez y había ingresado al Ejército Mexicano, dándose de alta el 28 de julio de 1888, en el 7o. Regimiento de Caballería Permanente. Antes fue alumno en el Colegio Militar por unos meses, del 4 de febrero al 17 de agosto de 1882, saliendo a los Estados Unidos por motivos de educación, país de su señora madre y lugar de exilio de su fallecido progenitor. Sin ser notoria su presencia, fue sin embargo, de vez en vez, como sucedió con otros miembros de la familia Iturbide, motivo del asedio de periodistas. De algunas entrevistas publicadas por reporteros norteamericanos, se distorsionaron sus declaraciones, sintiéndose obligado el joven militar a enviar una carta a la prensa nacional, el 22 de abril de 1890, para aclarar lo que a su juicio era lo conducente. Esta misiva se convertiría en el cuerpo del delito, que provocaría la acusación y el consecuente juicio que se le instauraría a través de un consejo de guerra.

El Diario Oficial citó, en el cuartel del Batallón de Ingenieros al consejo de guerra que debía juzgar al joven Iturbide, a quien oficialmente se le acusaba de violar el artículo 3704 de la Ordenanza General del Ejercito, consistente en la infracción de: murmuración, delito tipificado por el proceder público del inculpado. El Lic. Coronel José María Bátiz recibió la causa en consulta y aconsejó la formal prisión de Iturbide, dictándose auto en ese sentido al siguiente día, fecha en la que el inculpado nombró como defensor al joven y talentoso Lic. Agustín Verdugo. Los debates iniciaron frente a una muy concurrida audiencia, tomando el uso de la palabra el procurador, don Rafael G. Acosta, para concluir ante el tribunal, señalado sus consideraciones: 1.- El alférez del 7o. Regimiento Agustín Iturbide es culpable del delito de murmuración; 2.- El acusado es persona instruida, y 3.- El delito causó escándalo a la sociedad y al ejército. Solicitó un fallo condenatorio en el siguiente sentido:

… A sufrir un año de pena en prisión, que extinguirá en el lugar que determine la superioridad, la cual pena según el artículo 3364, se contará desde la notificación de la sentencia que cause ejecutoria, quedando el mismo individuo sujeto a las consecuencias de distinción e inhabilitación en los términos que previenen los artículos 3354 y 3360 del Código de Justicia Militar.

Se dio posteriormente turno a la defensa, quien realizó un trabajo de análisis constitucional y político de altura, siendo irónico en sus apreciaciones, para terminar solicitando se dictara fallo a favor del acusado, indicando a los miembros del tribunal: “Vais a juzgar a un compañero vuestro, pero no olvidéis que la Nación tiene derecho para juzgar vuestro fallo”. Iturbide Green fue finalmente sentenciado: un año de prisión y a perder su empleo. Este proceso tenía entonces, por necesidad, considerando a su protagonista principal, que ser publicitado tanto por la prensa extranjera, como por la independiente, si se toma en cuenta que ésta, como aquélla, no obstante la represión porfirista, sobrevivían ante la justificación de la búsqueda de la verdad, conscientes del riesgo que ello significaba. El debate obligado tuvo entonces dos enfoques: lo jurídico y lo político, los que en el caso concreto necesariamente se mezclaban. En efecto, la justificación del proceso fue construida mañosamente, tratando de darle al supuesto delito, una connotación únicamente castrense, pero la verdad sea dicha, el principal motivo fue reprender con rigor al nieto de Iturbide por su audaz crítica al gobierno de Díaz y proceder de sus ministros. El aparato para lograr tal propósito fue sin embargo, contraproducente para el gobierno de Díaz, toda vez que fue en verdad muy burda la justificación para tipificar el delito imputado al alférez Iturbide Green.

Por lo que se refiere al debate político derivado del juicio mismo, la división de opiniones se dio en varios sentidos. En efecto, hubo quien antepuso la seguridad nacional como justificación del, para ellos, necesario consejo de guerra, señalando que no sólo implicaba un escarmiento para el acusado, sino una señal directa para inhibir entre los militares, cualquier tentación de olvidar su calidad y justificar su opinión política a partir de un derecho constitucional, como lo era la libre opinión y publicitación de ideas.

Otros, destacando entre ellos los periodistas vendidos o proclives al desmesurado halago a las autoridades, planteaban la tesis oficial como la única. Todos los periódicos de la época, no independientes, se sumaron a la corriente de justificar el juicio como necesario. La prensa —y en específico periodistas independientes— tomó dos actitudes: oponerse a la tesis oficial y combatirla, que en verdad fueron los menos, o con inteligencia, exhibir todas y cada una de las debilidades del juicio mismo. Periódicos que siguieron esta estrategia fueron algunos de provincia, como fue el caso de El Estandarte (sábado 21 de junio de 1890), que se ocupó de hacer una muy discreta, pero directa defensa del inculpado, no tanto por su calidad de nieto de Iturbide, sino por la grave causa de la inconstitucional del procedimiento y así manifestó a sus lectores:

El proceso contra el nieto de Iturbide definitivamente fue un intento de represión, y lo señalamos como tal, no obstante que fue condenatoria la sentencia, porque no se logró el objetivo gubernamental, sino todo lo contrario; el evento fue ante su natural publicitación, exhibitorio de violaciones constitucionales, pero lo más delicado, prueba de una falta de sensibilidad política que provocó, con otros eventos, el inicio del deterioro del sistema político porfirista. El pan y palo, o mátenlos en caliente, fue notoriamente difundido, como una de las muchas debilidades de un gobierno autoritario, que sin embargo tuvo aciertos, reconocidos sin apasionamiento.

 

[El autor es abogado, autor de varios libros de historia; el texto es una versión resumida de una investigación publicada en 1997, y presentada en el VII Congreso de Historia de Derecho Mexicano, en la ciudad de México.]


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